Escribe: Juan Nazar Lebnen
Director de La Opinión
Tres meses atrás, a la Argentina se la veía con optimismo, con un frente despejado, aún con las sombras de cosas importantes irresueltas, como la crisis energética que el gobierno se empeña en negar, el despuntar de la inflación, la falta de inversión en sectores claves de la economía, entre otros aspectos no menos importantes.
Sin embargo, se percibía que en el país había margen para discutir los problemas pendientes de solución, y que no había que fogonear demasiado las críticas sobre la gestión de la Presidenta designada, para que tuviera el tiempo necesario para acomodarse en su nueva función heredada de su esposo.
Toda esa actitud reflexiva, y de compresión de las dificultades presentes, de pronto estallan desde un costado de la realidad social que no estaba en el libreto del oficialismo ni de la oposición política.
El nombramiento del nuevo ministro de Economía, Martín Lousteau, un joven carilindo que recibía las miradas complacientes de la platea femenina, habría recibido la orden de Néstor Kirchner de que había que buscar, “de donde sea”, nuevos recursos para apuntalar las finanzas del Estado.
LA VETA
El joven ministro, con una carrera meteórica –venía de ser ministro de la Producción del gobernador Solá y luego presidente del Banco de la Provincia-, no tardó en encontrar la veta que le permitiría llegar a recursos extraordinarios al Estado nacional. Y vino la propuesta salvadora: elevar las retenciones móviles del 35% al 45% a las exportaciones de la oleaginosas.
Allí comienza un conflicto, que es probable que se estuviera incubando desde tiempo atrás y con la aplicación de ese impuesto estalló de una manera inesperada desde un sector del interior que venía dándole el apoyo al gobierno de Néstor Kirchner. El gobierno tensó la cuerda más allá de lo admitido por la razonabilidad y provocó el estallido.
INCONSCIENTE COLECTIVO
La reacción del campo con el acople de las clases medias urbanas, estarían revelando otras facetas que estarían instaladas en el inconsciente colectivo, que nada tiene que ver con esa simplificación primaria que hace el oficialismo de caracterizar a la rebelión agraria de estar animada de propósitos “golpistas”, un anacronismo que no se las creen ni los mismos que la emiten.
Lo que puede existir debajo de la piel de muchos de los rebelados, es una sensación de hartazgo por un estilo de gobernar que no se compadece con los mecanismos de una democracia evolucionada.
No es improbable que ese modelo de predicación desde un atril durante años, produzca hastío en un país que ha crecido en niveles de comprensión y desarrollo de conocimientos. La vigencia de una democracia en plenitud excede el acto de emitir un voto en un momento determinado.
EL EJEMPLO DE BOLIVIA
El presidente de Bolivia, Evo Morales, frente a los desafíos que enfrenta de los jefes de los estados más prósperos del país, resolvió convocar a un plebiscito revocatorio de mandatos. El mandatario boliviano entendió que las condiciones han variado desde el momento en que fue electo, y que hacía falta una nueva consulta al pueblo.
Estamos lejos de una situación como la de Bolivia, que sólo sirve para ejemplificar que siempre existen métodos pacíficos para resolver los conflictos. Lo que sorprende es que el gobierno, que tiene el poder político y las capacidades necesarias que exceden en mucho a una parcialidad, no busque aproximaciones para destrabar un conflicto que le origina enormes pérdidas al país, provoca la caída de todas las actividades económicas y es causal de empobrecimiento y de-sempleo.
El diálogo es irremplazable para encontrar coincidencias, por mucho que la ideología o los intereses conspiren para ello. Lo que nos sucede a los argentinos carece de entidad suficiente como para impedir que se acerquen las posiciones.
No es tolerable un conflicto por tiempo indeterminado, como no es tolerable las muestras de intolerancia que se emiten desde el poder, que por imperio de su propia responsabilidad ante la Nación, está obligado a deponer actitudes intransigentes, llamar a la cordura y evitar toda confrontación que lesione aún más el tejido social de la comunidad.
